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19/03/2010
¿Otra tragedia fiscal argentina?



¿Otra tragedia fiscal argentina?

Detrás del debate por el uso de las reservas del Banco Central se esconde un problema fiscal. Todavía estamos a tiempo de evitar una nueva tragedia fiscal argentina, pero se requiere contar con un diagnóstico adecuado del problema que surja de un diálogo político maduro y con ejecutores profesionales del programa acordado. Ninguna de las tres cosas han estado presentes hasta ahora. Así lo manifiesta el economista jefe de FIEL, Daniel Artana.
La Argentina tiene un problema fiscal en la Nación y en las provincias básicamente porque en los momentos de auge económico el gasto público aumentó a tasas anuales muy superiores al crecimiento de la economía. En el período 2003-2009 el gasto público primario de las provincias promedió una tasa de crecimiento por encima de la inflación real de 12,7% por año, algo menos que el 14,2% anual de aumento en el gasto primario de la Nación.
Esa expansión desmedida del gasto público no pudo ser financiada pese al "boom" de ingresos. El déficit primario de las provincias aumentó al 0,8% del PBI en 2009 y la Nación pasó a tener un déficit primario del 0,4% del PBI cuando se excluyen las transferencias del BCRA y los ingresos no recurrentes. El déficit fiscal consolidado (incluyendo intereses) fue casi el 4% del PBI en 2009. Teniendo en cuenta que los vencimientos de deuda pública nacional oscilarán entre 4 y 5% del PBI en los próximos años sería prudente que el superávit primario genuino de la Nación fuera 2,5% del PBI. Ello permitiría prescindir del impuesto inflacionario, ya que el saldo restante se podría financiar en los mercados voluntarios de deuda. Las provincias deberían lograr un resultado primario superavitario con una mejora fiscal de un punto del PBI.
En este contexto, la propuesta de coparticipar el impuesto al cheque esconde el intento de las provincias de pasarle la cuenta a la Nación. No se resuelve el problema del conjunto, sino de una de las partes. Además, modificar una norma estructural como es el reparto de fondos entre dos niveles de gobierno sin tener en cuenta una discusión acerca de las responsabilidades de gasto y las potestades tributarias de cada uno es una improvisación, como en su momento lo fueron el traspaso de gastos en educación y salud.
Otro argumento a la ligera es la justificación de la reducción en la parte que le corresponde a la Nación porque el sistema de seguridad social ha recuperado los aportes que antes administraban las AFJP. Ello ignora que sin los ingresos asociados a la masa coparticipable el sistema público sería altamente deficitario, resultado que empeorará cuando se extienda la sentencia de la Corte Suprema en el caso Badaro al millón de jubilados de ingresos medios y altos. Si no se acumulan ingresos, se corre el riesgo de nuevas violaciones de los derechos de los jubilados (como en los años 70 y en los años 80).
El uso de reservas que intenta el gobierno nacional revela la intención de aumentar el déficit primario. La lógica no es keynesiana, sino que es gastar imprudentemente en el "boom", en el receso y en la recuperación. El uso moderado de las reservas podría tener una lógica para asegurar el financiamiento de un programa de mediano plazo que logre una paulatina mejora fiscal que permita erradicar el impuesto inflacionario y reducir algo una presión tributaria muy elevada para un país de ingresos medios. Ello requiere que el gasto aumente por unos años a un ritmo similar a la inflación proyectada. El crecimiento de la economía se encargaría de cerrar la brecha primaria por la vía de los ingresos y abriría el espacio para reducir la carga de algunos impuestos (con un crecimiento de 3% se genera un margen de un punto del PBI por año).
Pero no parece que el diálogo político pueda estructurarse hoy a partir de la prudencia fiscal. No son muchas las voces de la oposición que cuestionan los subsidios universales (en tarifas de servicios públicos, en jubilación a personas sin aportes, en la asignación por hijo), o el aumento de un millón de empleados estatales en los tres niveles de gobierno entre 2002 y 2009, o la estatización de empresas deficitarias o las inversiones con rentabilidad social negativa. En cambio, parece aceptarse que un nivel de gasto público consolidado de más de 40% del PBI es razonable para la Argentina.
Sin un acuerdo que permita ordenar gradualmente las cuentas fiscales se corre el riesgo de que haya que hacer un ajuste violento. Todavía se puede evitar otra tragedia fiscal argentina, pero ello exige contar con un programa de mediano plazo, tanto en la Nación como en las provincias, basado en la austeridad. Lamentablemente, ésta parece estar ausente del debate político.

Fuente: La Nación




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